El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de transparencia y supresión de honores para los diputados, senadores y personal jerárquico del Congreso de la Nación. La norma establece los principios y deberes éticos que deben guiar su desempeño, así como incompatibilidades, mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y sanciones. Dedicación exclusiva, cláusula anti-nepotismo y presentación y publicación de declaraciones juradas patrimoniales son algunos de los puntos centrales.
La iniciativa encomienda a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamentos de ambas cámaras del Congreso de la Nación la elaboración de un Código de Ética de aplicación para cada uno de los cuerpos, que deben incluir: a) Declaración y publicación de intereses en relación con el trabajo en las Comisiones y las votaciones en el recinto; b) uso de la propiedad pública; c) regulación precisa de vinculación con personas vinculados al cabildeo o lobbying; d) reglas de comportamiento y respeto; e) presentismo; y, f) procedimientos y sanciones para garantizar el cumplimiento del Código de Ética.
Ferraro propone dedicación exclusiva de los legisladores, incompatible con cualquier otra actividad privada o cargo público, con excepción de la docencia. La cláusula anti-nepotismo plantea acreditar el requisito de idoneidad funcional, esto significa que si promueven la designación, bajo cualquier modalidad, de una persona con la que posean un vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, o de su cónyuge o conviviente, deberán acreditar la idoneidad del postulante para el ejercicio de la función. En el caso de los funcionarios alcanzados tuvieren una actividad comercial paralela, la misma deberá encomendarse a un fideicomiso ciego.
Asimismo, los legisladores deberán presentar su declaración jurada patrimonial, en sintonía con lo que establece la Ley 25.188 de Ética de la función pública. Tendrán que realizarse en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respectiva de la Cámara. Además, se ingresará una declaración jurada de intereses dentro de los 30 días hábiles desde que se produzca el inicio de su función. Todo será publicado en la web de la cámara correspondiente.
El proyecto promueve también que cuando se tenga el orden del día para las sesiones legislativas, los diputados y senadores, con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses, deberán comunicar a sus respectivas cámaras los intereses privados que tengan en relación a los proyectos incluidos en la sesión.